El desarrollo inmobiliario de usos mixtos continúa su avance en distintas regiones del país, de cara a los nuevos requerimientos que dejó la pandemia.

Desde su incorporación al mercado en los últimos años, la combinación de giros o usos en un mismo proyecto inmobiliario buscaron diversificar la oferta de valor de los desarrollos, pero en especial dar cabida a la integración de comunidades.

Al inicio de año existían según estadísticas locales un promedio de 100 proyectos de usos mixtos distribuidos en 21 ciudades de México. 

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En ellos se generaron distintas fórmulas de integración que consideraron de manera frecuente vivienda, hotelería, oficinas y retail. La lógica de quienes los han promovido en la industria inmobiliaria se basa en integrar comunidades, centros de convivencia y destino.

Andrés Shapiro, business development de la firma de arquitectura JERDE en Latinoamérica asegura que las comunidades han sufrido un cambio muy positivo gracias a la pandemia, dado que “vino a acelerar cosas que ya veíamos desde el pasado y este es principalmente el enfoque en la calidad de vida, al eficientar la vida en estas comunidades.”

Además, dice, las comunidades han hecho posible detonar el desarrollo urbano de ciudades.

Por su parte, Gonzálo Robina, director general adjunto de Fibra Uno, comenta que independiente al horizonte de largo plazo que representan este tipo de proyectos, el fideicomiso modificó su estrategia de desarrollo al enfocarlo en el mercado industrial, la reconversión de portafolios y la expansión de usos mixtos, éste último como uno de los focos de desarrollo.

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“Salvo lo industrial, ya no estamos haciendo centros comerciales free standing o una torre de oficinas free standing, todo ya conlleva usos mixtos. Hacia allá es la tendencia: crear estas microciudades como el caso de Mítikah” donde el beneficio es para sus habitantes y la plusvalía de quienes tienen propiedades en la zona donde se ubica.

Complementario al portafolio de 636 propiedades que actualmente opera, esta FIBRA anunció una inversión de $160 millones de pesos hacia el 2030 para generar proyectos con impacto social, adicional a las medidas complementarias de sustentabilidad y gobierno corporativo, de cara a los criterios ESG (Environmental, Social and Governance).

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