Para cumplir con el derecho a la vivienda, México tiene dos retos inmediatos por atender: por un lado, generar los mecanismos para que la población no afiliada tenga acceso a financiamiento; y por otro, crear las condiciones para detonar la producción de vivienda por debajo de los 600,000 pesos.

Para los empresarios del sector entrevistados por Revista Vivienda hay una deuda pendiente por cumplir con el segmento de trabajadores que no cotizan a Infonavit y Fovissste, y que representan cerca del 60% de la población económicamente activa.

Gonzalo Méndez, presidente saliente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), enfatizó que desde el sector empresarial, existe el compromiso de trabajar en pro de satisfacer el derecho a la vivienda; principalmente, en los segmentos de bajos ingresos, lo que contempla diversas aristas, y exige la participación de distintos actores. En esto, dijo, se incluye a autoridades de los tres niveles y empresarios.

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Concretamente, Méndez indicó que en el panorama ya se han analizado esquemas que pudieran ayudar a acercar el crédito a los no afiliados. Entre otros, mencionó, la renta con opción a compra, o mecanismos de ahorro previo, podrían ser parte de la solución para atender a esta población. 

Méndez añadió que la otra cara del gran reto que enfrenta México en el tema de vivienda tiene que ver con detonar la producción de vivienda de interés social,  porque hay trabajadores con acceso al crédito, no hay oferta que pueda atender su demanda.

Citó como ejemplo, que hay terrenos donde hoy pudiésemos desarrollar 100 viviendas y donde al densificar pudiéramos desarrollar 250 viviendas donde tengamos proyectos combinados, 60% de las viviendas sean del segmento social y 40% para vivienda media, donde la vivienda media de alguna suerte permita la mezcla y sea rentable.

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“Igualmente pensar en que el municipio pudiera aportar parte del costo de las licencias, de los derechos de agua potable; o que los mismos gobiernos de los estados pudieran poner recursos al frente como ya lo hacen en Puebla, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas; inclusive hay esquemas muy particulares para los trabajadores de la seguridad pública en algunos estados”, expuso.

En esta tónica de encontrar soluciones, Méndez Dávalos señaló que se podría ir más allá, y pensar en modelos en los que los gobiernos aporten el suelo. 

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